Establecer mecanismos de colaboración para reforzar los derechos de la comunidad maya de la entidad y desarrollar programas que la beneficien, figuran como los principales objetivos de un convenio de colaboración signado este día entre autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán.
Durante la inauguración del primer Encuentro Nacional de Operadores de Justicia Penal Indígena y Derechos Humanos, el Gobernador Rolando Zapata Bello atestiguó la firma del acuerdo entre la directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Rosario Cetina Amaya, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcos Celis Quintal.
«El objetivo es favorecer una procuración de justicia que fortalezca el tejido social, al garantizar el derecho de todas las personas y, en el caso de las comunidades indígenas, significa respetar sus usos y costumbres», aseveró el mandatario acompañado del titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema Penal del Poder Judicial de la Federación, Juan José Olvera López.
Desde junio de 2014, continuó, Yucatán implementó y consolidó el nuevo Sistema de Justicia Penal en todos sus distritos judiciales con claros resultados, pues la frecuencia de acuerdos reparatorios entre las partes aumentó del dos al 10 por ciento y más de la mitad de las sentencias para diferentes tipos de robo fueron obtenidas en 90 días.
Ante operadores de dicho Sistema, jueces tradicionales, intérpretes, académicos y representantes de asociaciones civiles de todo el país, Zapata Bello señaló que el convenio es una forma de reconocer otras maneras de ver el mundo y de impartir justicia. En ese sentido, dijo que por eso es clave que, en el tenor de la consolidación de un nuevo esquema procesal, se analicen aspectos como la acreditación de la condición de persona indígena, así como de sus usos y costumbres.
En el auditorio «Víctor Cervera Pacheco» de la sede del TSJE, el Gobernador sostuvo que la modernidad tiene mucho que aprender del conocimiento de esta cultura ancestral para nuevas formas de convivencia y la solución de conflictos, a través de la aplicación tradicional de la justicia.
Se destacó que éste es el primer espacio de su tipo que se efectúa en el país y representa una oportunidad de reflexión e intercambio de experiencias para identificar áreas de oportunidad. Lo anterior será fructífero para enriquecer la operación del Sistema, por la diversidad cultural que existe en las 32 entidades.
Al hacer uso de la palabra, Olvera López indicó que es preciso tomar nota de los mecanismos de las comunidades indígenas para resolver problemáticas. En ese sentido, subrayó que esta reunión, la cual concluirá este viernes, es el momento idóneo para poner a debate todo lo que se aporte al tema. «El nuevo Sistema de Justicia debe estar al servicio de las personas, quienes deben ser el centro y no al revés», afirmó.
En su intervención, Celis Quintal apuntó que en Yucatán alrededor de 50 por ciento de la población es indígena, por lo cual es el segundo estado con mayor número de personas con dicha condición, hecho que empuja a proteger los derechos de cada miembro de estos grupos y a crear políticas públicas que garanticen su inclusión en las instituciones.
Recordó que en 2014 se publicó la Ley del Sistema de Justicia Maya, que reconoce el derecho a las comunidades de este origen a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos. A partir esto, se creó la figura jurídica de juez maya, con derecho a la libre determinación y autonomía, de manera que se estableció un procedimiento especial de impartición de justicia para pueblos indígenas.
El marco normativo ya está listo, ahora a nosotros nos corresponde, como operadores del Sistema, sentar las bases para que se implemente de forma adecuada y con pleno respeto a los derechos humanos, puntualizó.
