Los principales sospechosos del ciberataque del pasado 17 de abril son los empleados de las cinco instituciones que fueron robadas.
El jefe de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la PGR, Marco Arturo Rosales, afirma que para realizar el robo de 300 millones de pesos fue necesaria la colaboración de los empleados con acceso al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
Rosales indicó que se han identificado a 200 personas que hicieron retiros del dinero, muchos de ellos probablemente sin saber que se trataba de una operación ilícita, ya que les ofrecieron una comisión o porcentaje a cambio de aceptar los depósitos del dinero robado.
