El presidente que resulte electo este 1° de julio enfrentará un complejo panorama económico y social. Preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA, según sus siglas en inglés), vigente desde 1994, será esencial para mantener el dinamismo económico, por lo menos en las regiones del norte vinculadas al intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el futuro del acuerdo depende de Estados Unidos, que amenaza con retirarse.
El investigador emérito del Colegio de México Lorenzo Meyer, destaca en conversación con DW que esta compleja coyuntura con el vecino del norte es un desafío que obliga a buscar alternativas.
«Es una oportunidad para desligar un poco a México de Estados Unidos. El TLCAN ha significado aceptar un papel en donde la economía mexicana depende de lo que se decida en Estados Unidos», afirma el historiador y politólogo. «Tenemos una soberanía muy limitada por la vecindad con Estados Unidos, pero esta soberanía relativa se puede aumentar de manera inteligente, si se reactiva el mercado interno, si se buscan otras conexiones con el resto del mundo».
El catedrático destaca que el desafío será también reactivar las zonas rezagadas del sur del país que no se han visto beneficiadas de la integración económica regional de zonas fronterizas con Estados Unidos.
A fines de mayo, el gobierno mexicano anunció represalias comerciales ante los aranceles que Estados Unidos aplica a las exportaciones de acero y aluminnio mexicanos, de 25 y 10% respectivamente. Se trata de una paleta de productos industriales y alimenticios provenientes de los estados de la Unión Americana que son bastiones republicanos. Las medidas tendrán vigencia mientras Estados Unidos mantenga los aranceles al acero y al aluminio que, según la Secretaría de Economía, se encuentran altamente integrados en industrias del TLCAN, como la automotriz y aeroespacial, así como los sectores eléctrico y electrónico.
Planta de ensamblaje de VW en México.
Otros desafíos más allá del TLCAN
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de mayo pasado, el crecimiento repuntará respaldado por el consumo privado y las exportaciones. Pero la incertidumbre continuará restringiendo la inversión privada, la cual se vería incentivada si las negociaciones del TLCAN concluyen de manera satisfactoria. El informe destaca que persisten desafíos como el elevado nivel de violencia y corrupción, la pobreza, la desigualdad, la informalidad y el lento crecimiento de la productividad.
Según las proyecciones de la OCDE, el desempleo se mantendrá en mínimos históricos. Sin embargo, las cifras son engañosas debido al papel que juega la informalidad en la economía del país.
«Un 60% de la población trabajadora en México integra la economía informal. No pagan impuestos y no tienen Seguridad Social. Sin embargo todos estos puestos callejeros pagan cuotas al encargado del mercado, al delegado, al municipio. Es dinero que no llega a las arcas públicas, ni al sistema de seguridad social. Hay que desbaratar estos cotos de poder, es una corrupción brutal», afirma por su parte Luis Focerrada Pascal, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Como no hay suficientes empleos, los que pueden emigran a otras regiones o a Estados Unidos, los que no, engrosan el sector informal. «Hay otro tipo de informalidad que practican empresas supuestamente formales. No registran a todos sus trabajadores o lo hacen con salarios muy bajos para no tener que pagar altas contribuciones al Seguro Social», dice.
Focerrada Pascal explica que la dimensión de la informalidad que vive el país se debe a la falta de empleos, lo que se puede atajar con una mayor inversión, no sólo pública sino también privada. «Esta administración dejó de invertir. Llevamos 6 años con la inversión más baja de los últimos 75 años. Actualmente representa entre un 2,6 y un 3%, cuando hace décadas representaba entre un 7 y 9% del PIB».
«La deuda pública de México casi se duplicó este sexenio. Empezó con 6.300 millones de pesos en diciembre de 2012 y este año terminará con unos 11.500 millones. Pero no se usó para invertir», acusa el experto, que destaca que es necesario invertir en infraestructura y en fomentar la productividad. Culpa de un despilfarro de recursos a la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La falta de empleos y de perspectivas es un detonante de la migración.
Desigualdad y polarización social
Por su parte, el director del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte, Jorge Carrillo, destaca que el próximo presidente tendrá que atacar un paquete de problemas, desde la desigualdad y la polarización social, hasta la corrupción y la impunidad. Tendrá que combatir el crimen organizado, y ocuparse de las familias y comunidades que lo apoyan.
El sociólogo subraya que la corrupción generalizada y un sistema judicial fallido, con un 1% de las denuncias que acaban en una sentencia de cárcel, figuran entre los problemas más urgentes. Pero también destaca las consecuencias de los bajos salarios. «Tienen un efecto negativo sobre el nivel salarial en general, incluso en sectores dinámicos, productivos y con alta tecnología».
Entre las políticas públicas que recomienda el investigador figuran aumentar el salario mínimo y los salarios en general por región y por sector, eliminar los llamados sindicatos de protección empresarial y dejar la libre sindicalización, si así lo quieren los trabajadores.
«Nadie debe quedar fuera del sistema impositivo, pero nadie debiera quedar excluído de los beneficios sociales del Estado. El nuevo gobierno debe buscar mecanismos para lograr cero impunidad, a través de castigos ejemplares a los problemas más graves, como los secuestros, los homicidios y la trata de personas», destaca Carrillo.
Eva Usi (er)
Fuente: DW
