A través de una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la nueva administración federal pretende hacer obligatorio que las declaraciones patrimoniales de funcionarios sean públicas.
Se prevé crear una ley federal de combate de conflictos de interés, en la cual se establecerá un sistema de declaración patrimonial que será obligatorio para funcionarios públicos, jueces, líderes sindicales, y cualquier otra persona física o moral.
La ley también obligaría a los familiares cercanos de los funcionarios hagan público su patrimonio.
