Durante el último trimestre, el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado (FGE), emitió un total de 404 medidas de protección emergentes de un total de 511 denuncias de mujeres que recurrieron ante esta dependencia, garantizando la seguridad y protección de las víctimas.
El Centro de Justicia para las Mujeres es de alta prioridad, una alternativa para las mujeres que buscan romper el ciclo de la violencia, por lo que ha sido una instrucción del fiscal Wilbert Antonio Cetina Arjona la atención sensible y el acompañamiento a cada una de las mujeres que vienen en busca de ayuda para solucionar su problema y en ello trabajamos a diario, afirmó la directora del Centro, Patricia Gamboa Wong.
La funcionaria destacó que las medidas de protección emergente son de gran importancia porque garantizan la seguridad y protección de las víctimas, así como de los ofendidos indirectos que pueden verse afectados por conductas constitutivas de un delito.
“El objetivo principal de la orden de protección es prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito. De lo que se trata es que la víctima recupere la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor”, señaló.
Gamboa Wong hizo énfasis en que el tema del combate a la violencia contra las mujeres forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, a través de varias dependencias para garantizar la prevención y la atención de las víctimas, por lo que “la labor del CJM se suma a este esfuerzo”.
Durante el año recién culminado, el Centro de Justicia emitió un total de 1,605 medidas emergentes a mujeres que recurrieron a la dependencia, a fin de garantizar su seguridad frente a posibles actos de violencia.
De la cifra del último trimestre del año, 143 medidas de protección fueron emitidas en octubre; 129 en noviembre y 132 en diciembre.
“De lo que se trata es de proteger de manera inmediata a una mujer que está en peligro y ante ello, el Ministerio Público las aplica en un plazo no mayor a ocho horas, de acuerdo a cada caso”, agregó.
La funcionaria detalló que entre los indicadores que se evalúan para el otorgamiento de medidas de protección está la dependencia económica de la víctima respecto a su agresor, la existencia de hijos menores de edad, las reiteradas agresiones, el estado de salud física y mental, la permanencia en el hogar y la edad de la víctima.
Las medidas de protección que otorga el Ministerio Público abarca, de acuerdo a cada caso, la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o personas relacionadas con ellas, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable.
Además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, protección y auxilio policial inmediato, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o al lugar donde se encuentre, así como la separación inmediata o reingreso del ofendido a su domicilio.
En los casos donde la víctima no cuente con un lugar seguro para resguardarse, que el agresor tenga en su poder algún tipo de arma de fuego o haya consumo de drogas de por medio, el Centro de Justicia para Mujeres brinda el servicio de refugio temporal.
