La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobó por unanimidad la iniciativa que presentó la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, para reformar y adicionar el artículo 48 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y municipios, que tiene como objeto que no se generen laudos millonarios en los municipios, y de esta manera se frenen los grandes cobros por resoluciones indefinidas.
Durante su participación, la diputada Milagros Romero Bastarrachea señalo que gracias a esta iniciativa, se dejaran de generar deudas millonarias que heredan las nuevas administraciones municipales, y que impiden que los ciudadanos de esos poblados no puedan recibir los servicios que merecen.
Dijo que en la actualidad hay 80 municipios que deben pagar más de 450 millones de pesos por más de dos mil ex trabajadores, que ganaron sus demandas laborales por despidos injustificados de años anteriores que incluso, muchos alcaldes por desinformación desconocen, ya que los juicios son de años atrás.
“Estos salarios caídos alcanzan sumas demasiados elevados, que causan un desajuste en los municipios tanto para inversiones como para servicios, en donde inclusive han llevado a la remoción de alcaldes por no cumplir con ellos, cuando fueron deudas de otras administraciones” manifestó.
Esta ley contempla sanciones o multas que van desde los 100 a 1000 Unidades de Medida y Actualización para los abogados, litigantes y representantes que promuevan acciones que obstaculicen la resolución de un juicio laboral.
Indicó que la aprobación de este proyecto de dictamen da un claro mensaje de que Movimiento Ciudadano está trabajando para corregir los problemas de raíz, y no nada más de forma, que se está atacando de fondo esta situación que presentan los municipios a causa de estos juicios largos.
López Escoffié felicito a los diputados que votaron a favor de este dictamen, ya que demuestran que hay disposición y consenso para que las iniciativas salgan adelante.
Se manifestó orgullosa de que esta iniciativa se turne en el pleno, pues estas leyes cambian completamente la vida de los yucatecos.
Esta ley corresponde a una armonización con la Constitución Federal, y pretende establecer un plazo de pago de 12 meses de salarios caídos, y en caso de no cumplirse el tiempo se generará un interés hasta el cumplimiento del laudo, protegiendo los derechos labores de los trabajadores.
