En comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura se aprobó el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 31 bis de la Ley de Tránsito y Vialidad, presentado por Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN), para que las licencias para conducir sean entregadas a quienes aprueben un examen de pericia.
Los diputados Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza) y Manuel Díaz Suárez (PAN), mencionaron que si en el dictamen estaba definido la palabra pericia, porque podría quedar abierto a consideración del encargado en aplicar el examen de manejo, los criterios para aprobarlo.
Para lo cual se modificó la propuesta, aprobada por mayoría, la cual establece que “además de los requisitos exigidos para la expedición de licencias o permisos de conducir, el interesado deberá aprobar un examen de pericia y capacidad realizada por el área encargada de la Secretaría, habilitando espacios que se consideren adecuados para tal fin, que permita comprobar de manera fehaciente que los interesados cumplan cabalmente con este requisito”.
Agregado a esto, la presidenta de la comisión, Lila Frías Castillo (PRI), aclaró que en el glosario del dictamen estará definido cómo se considerará pericia.
En otro punto, los integrantes del cuerpo colegiado acordaron que después de analizar los cuadros comparativos de las iniciativas para crear la Ley de Movilidad, una de la Fracción de Morena y la otra de Movimiento Ciudadano (MC), analizarán si se integran en un solo dictamen.
Además, en la sesión de la comisión permanente continuó el análisis de la iniciativa para adicionar el artículo 31 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad, también de Rodríguez Baqueiro y de la reforma la Ley de Transporte del Estado, suscrita por MC, de la cual, Manuel Díaz sugirió que se necesita un análisis más profundo porque propone derechos de los usuarios pero no obligaciones, entre otros puntos que necesitan revisar a detalle.
En asuntos generales, representantes de los más de 120 clubes de motociclistas registrados en Yucatán, aproximadamente con 2,000 integrantes en total, presentaron una serie de peticiones a los miembros de la comisión, como un carril especial para ciclistas y motociclistas, disminuir la velocidad máxima en la ciudad de Mérida de 90 a 80 kilómetros por hora, entre otras.
El especialista en la materia, Rene Flores Ayora, informó que en el estado se han registrado 165 muertes por siniestros de tránsito, de los cuales 67 han sido motociclistas y 42 peatones, por lo que sugirió cambiar el reglamento de tránsito para certificar el uso del casco, porque un golpe a 60km/h es prácticamente letal.
Por otro lado, Víctor Sánchez Roca (PAN) solicitó que se le dé trámite a su iniciativa para prohibir que menores de cinco años puedan abordar motocicletas, toda vez que fue retornada a la comisión; en respuesta, Frías Castillo comentó que en la próxima sesión se discutirá el tema.
Presupuesto
En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes analizaron diversas modificaciones a Leyes de Ingresos de Tekax y Tixkokob, así como reformar la Ley de Hacienda de Progreso.
Para el caso de Tekax y Tixkokob, los diputados aprobaron enviar un oficio a los alcaldes, que se replicará para los 106 municipios, para que en el próximo Presupuesto de Egresos 2020 incluya partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores, relacionados a pagar deudas por laudos a trabajadores.
Lo anterior, explicó el presidente de la comisión, Víctor Sánchez, porque no es posible otorgar un préstamo para estos casos, aclarando que no es una negativa pero no es el camino correcto, por lo que deberán cambiar su estrategia.
No obstante, también se analizó otra iniciativa para modificar la Ley de Ingresos de Tixkokob, que busca obtener financiamiento mediante transferencia y recursos extraordinarios, cuyo proyecto de dictamen será discutido en próxima sesión.
Referente a la iniciativa del Ayuntamiento de Progreso, Lila Frías solicitó una aclaración para conocer cómo se aplicará el impuesto predial para los predios comerciales, porque se propone cobrarle al dueño y al arrendatario del edificio.
Por consiguiente, Sánchez Roca solicitó a la Secretaría General enviar un oficio referente a este asunto al municipio de Progreso, para que se atienda de inmediato, e incluso sea contestado hoy mismo.
De la misma manera, se distribuyó entre los integrantes del cuerpo colegiado la ficha técnica de la iniciativa por el que se autoriza al Poder ejecutivo y a los Municipios del Estado a contratar uno o varios financiamientos que se destinarán a inversiones públicas productivas, así como afectar como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Janice Escobedo Salazar (PRI) preguntó porque se propone que el Ejecutivo Estatal pueda acceder a 222 millones de pesos para inversión pública para infraestructura en alcantarillado, drenaje y urbanización, agregando 763 millones de pesos para los 106 municipios, por lo que representaría dos posibles préstamos.
En respuesta, Rosa Díaz Lizama (PAN) indicó que en el caso del Ejecutivo, se utilizaría en municipios con alta y muy alta marginación, que está establecido en la iniciativa, al igual que está definido que cada ayuntamiento recibirá lo que pueda gravar.
Marcos Rodríguez Ruz (PRI), también solicitó que el Ejecutivo brinde información que asegure que el recurso que se consiga no pueda ser utilizado para otros fines, como el pago de laudos en el caso de los municipios; para lo cual, el diputado Víctor Sánchez, señaló que solicitará a la Consejería Jurídica que responda a esta duda.
