POR UNA INFANCIA DIGNA
ROBERTO CARDOZO
Y AQUÍ EMPIEZA EL ABISMO
Esta semana he decidido ceder la voz a un colectivo que está luchando por ser escuchados, partiendo deuna realidad postergada, en la que todos tenemos derecho a una vida digna. Por este motivo, transcribo íntegramente un texto que da manifiesto a las solicitudes emanadas de las mismas inquietudes de padres y madres que viven en la zozobra de no saber qué futuro le de para a sus hijos e hijas. Sin más por hoy, dejo el texto.
Somos madres y padres de familia alzando la voz para que nuestras hijas e hijos con discapacidad puedan tener una vida digna y logren la mayor autonomía posible.
Queremos que el Gobierno de Yucatán garantice el acceso a la habilitación y rehabilitación integral infantil pública y de calidad, de forma gratuita o a precios asequibles para todas las niñas, niños y adolescentes en Yucatán.
En Yucatán no puede haber paz mientras haya discriminación y exclusión social.
Nuestras hijas e hijos tienen diagnósticos de Parálisis cerebral, Distrofia muscular de Duchenne, Mielomeningocele o Síndrome de West, entre otros, y para poder lograr una buena calidad de vida necesitan acudir a incontables sesiones de distintas terapias. También necesitan contar con un seguimiento médico multidisciplinar y de calidad para atender las numerosas incidencias por las que pasan. De no contar con todo ello el daño causado puede ser irreparable.
Hasta julio de 2019 la rehabilitación integral infantil en Yucatán se ofrecía a través del CRIT Yucatán, con el donativo de 44 millones de pesos anuales que daba el Gobierno de Yucatán. Sin embargo, tras la negativa del actual Gobierno de renovar dicho donativo, el 12 de julio de 2019 se dejó de ofrecer el servicio integral que existía.
En estos dos meses, hemos visto que ha habido un drástico recorte de los servicios provocando el desmantelamiento del modelo de atención integral. Han reducido a más de la mitad el personal; en el área médica se han quedado únicamente cuatro doctores cuando antes había doce, se han perdido especialidades como ortopedia, pediatría, genética o nutrición, han cerrado gran parte de sus instalaciones y ya no ofrecen pruebas diagnósticas, aparatos ortopédicos o cirugías.
Ante este panorama, vemos peligrar el desarrollo de nuestras hijas e hijos y tememos que al no estar recibiendo los mismos servicios de salud y rehabilitación que antes, les pueda afectar de manera irreparable en el camino hacia su autonomía.
Hemos buscado otras alternativas para su rehabilitación en Yucatán sin obtener éxito; el Gobierno no ofrece por el momento una atención de las mismas características y que cubra las necesidades reales de nuestras hijas e hijos. El servicio público del Gobierno a través del CREE no está especializado en Rehabilitación Infantil; no cuenta con un modelo de atención integral con doctores de diversas especialidades y terapeutas en las distintas áreas que aseguren el correcto acompañamiento multidisciplinar a cada niña, niño y su familia y entorno. Tampoco cuenta con instalaciones ni con el equipamiento necesario. El equipo de médicos y terapeutas sí es profesional, pero son muy pocos especialistas para toda la demanda que hay.
Tampoco en el sector privado existe una atención integral y las sesiones de terapias individuales tienen un costo aproximado de 400 pesos cada una, un precio que resulta excesivo para la mayoría de las familias teniendo en cuenta que se deben tener varias sesiones a la semana.
Solicitamos por lo tanto al Gobierno del Estado de Yucatán que se comprometa a cumplir con sus obligaciones como garante de Derechos Humanos y que ofrezca una alternativa real ya, con la urgencia que la delicada situación requiere, para no dejar en situación de abandono a nuestras hijas e hijos con discapacidad. Que incorpore en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2020 una partida presupuestaria suficiente que garantice el derecho a la habilitación y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes a través de un servicio de atención integral de calidad gratuito o a precios accesibles.
Para una niña o niño con discapacidad o diversidad funcional, recibir terapias y una atención integral de calidad es crucial para determinar su grado de desarrollo como ser humano, por lo que reducir la calidad de la atención, la temporalidad o perder la integralidad significa una condena a una vida más dependiente, menos digna y plena, en definitiva causa un daño irreparable en las niñas y niños con discapacidad. La atención a la discapacidad es un Derecho Humano y por lo tanto inherente a todo ser humano.
No estamos pidiendo que se apoye a una fundación privada, pedimos que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Yucatán tengan el acceso a su derecho a la salud y a la rehabilitación integral garantizados de forma gratuita o a precios asequibles. Y para lograr dicho objetivo, mostramos nuestra apertura y disposición al diálogo con el Gobierno para contribuir como ciudadanía en la construcción de políticas públicas inclusivas y participativas.
De igual manera nos dirigimos al Honorable Congreso del Estado de Yucatán para que contribuya a la aprobación de un Presupuesto inclusivo que garantice los derechos a la habilitación y rehabilitación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en Yucatán. En este sentido además, las familias firmantes solicitamos participar en el proceso a través de un parlamento abierto para poder aportar nuestras opiniones como partes interesadas e involucradas en el asunto.
