La Senadora Verónica Camino Farjat pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que ejerza la Acción de Inconstitucionalidad, para detener de una vez por todas el abusivo derecho de servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública, que se pretende aplicar a quienes habitan en Yucatán.
Camino Farjat señaló que el gobernador Mauricio Vila anunció ayer que “no habrá el llamado nuevo impuesto a la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública” y que además en el mismo acto público, Vila Dosal dio la instrucción al Consejero Jurídico del Estado para que de inmediato “active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, quede sin efectos”.
Sin embargo, el decreto 173/2020 publicado hoy, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, establece que exime del pago a la ciudadanía hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cual deja entrever, que en el 2021 el tema será retomado para su aplicación. Eximir no es lo mismo que derogar o cancelar.
En otras palabras, afirma la Senadora Camino, existe la posibilidad de que en el 2021 este derecho abusivo e inconstitucional pueda ser cobrado, cuando ya ha sido dicho de manera insistente y clara por diversos sectores y representantes sociales que no se justifica el cobro, sobre todo por afectar la economía de la gran mayoría de las familias que habitan en Yucatán.
La seguridad es un derecho humano que debe garantizarse a la ciudadanía por igual. Las autoridades tienen la obligación de generar y bien administrar las condiciones para que sea posible la armonía y la paz social.
Camino Farjat aseguró que en su agenda de trabajo desde el Senado de la República y en Yucatán, seguirá en la construcción con las y los ciudadanos para alcanzar este propósito: la Paz social es posible cuando surge de la justicia y el mayor bienestar posible de todo, sin que sea a costa de aprovecharse de los grupos más vulnerables.
Así, con apego a la ley seguirá utilizando los recursos jurídicos disponibles para revertir lo que el actual gobierno quiere en materia de impuestos y derechos que atentan contra la economía de las familias yucatecas.
