El sábado 9 de mayo de 2020, legisladores federales yucatecos del PRI solicitaron al IEPAC la aplicación de una medida cautelar para que se interrumpa la distribución de cartas enviadas a empleados del sector turístico y restaurantero de Yucatán, que reciben apoyos del gobierno del Estado con motivo de la contingencia por el Covid-19.
El motivo es que mediante esas cartas se realiza propaganda abierta del Ejecutivo estatal y, en específico de las Secretarías de Turismo y de Fomento Económico y Trabajo, lo cual representa un indebido ejercicio de recursos públicos, máxime que nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria.
Los legisladores aclaran que no están en contra de la entrega de apoyos, si no de la forma como se utilizan para hacer propaganda política.
La medida cautelar solicitada al IEPAC es en congruencia con la decisión del INE de solicitar en días pasados al Presidente de la República y al IMSS la suspensión de la entrega de cartas que publicitaban un programa federal, situación que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la queja de los legisladores yucatecos se aduce que dichas cartas, analizadas en conjunto con las publicaciones que realiza el Gobernador del Estado en su perfil de Facebook, contienen elementos de promoción absolutamente innecesarios, mismos que se incluyen con el supuesto fin de informar a las personas beneficiarias de dicho apoyo estatal.
Lo anterior resulta lesivo de las normas electorales, ya que al realizarse publicaciones en las que se anuncia esta propaganda a través de la cuenta personal en Facebook de Mauricio Vila Dosal, genera confusión en la ciudadanía y resulta evidente la intención de asociar los apoyos del Gobierno estatal con la imagen particular del gobernador.
En igual sentido, se denuncia que por medio de dichas cartas se violan las Reglas de Operación del Programa Protección al Empleo del Sector Turístico en el Estado de Yucatán, como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud, puesto que se omite señalar que los apoyos resultan ser de carácter público, no estar patrocinado ni promovido por partido político alguno y los recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes, misma obligación establecida en el artículo 46 de dicho instrumento.
Los legisladores yucatecos consideran que la crisis sanitaria y económica no debe ser motivo para beneficiarse mediante el proselitismo disfrazado de supuestas ayudas sociales.
De igual modo, exponen que no se pretende, en ningún momento, detener o suspender la entrega de dichos apoyos, sino únicamente modificar la manera en la que se comunica y se da a conocer a la ciudadanía, pues se argumenta que no debe tratar de confundirse la promoción personalizada con programas de gobierno y recursos públicos, y mucho menos en una situación tan delicada como la que representa la pandemia del Covid-19.
La solicitud, presentada vía electrónica al IEPAC, está firmada por los diputados federales Juan José Canul Pérez, María Esther Alonzo Morales y Dulce María Sauri, así como por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.