El ayuntamiento de la ciudad española de Lleida, en la región de Cataluña, aprobó este viernes (25.09.2026) la prohibición de llevar el rostro totalmente cubierto en espacios públicos, lo que abarca el uso del burka o el nicab, con algunas excepciones como los lugares de culto. El texto de la ordenanza, sin embargo, no hace mención alguna a ninguna prenda en particular.
La nueva ordenanza, que se fundamenta en el civismo y el derecho de las mujeres y no en la seguridad, contó con los nueve votos a favor del PSC-Units (en el gobierno), de los cinco concejales de Junts y de los dos de Vox, mientras que los once representantes del PP, ERC y el Comú votaron en contra. El texto contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma.
La medida no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental. Lleida, capital de una provincia de potente actividad agrícola y ganadera, había sido pionera en España al prohibir en 2010 el uso del velo integral en espacios públicos pero el Tribunal Supremo anuló la medida en 2013.
“Proteger” a las mujeres
El jefe de la oposición y portavoz del PP, Xavi Palau, explicó que votó en contra porque la ordenanza, según él, “no prohíbe el burka, sino que lo permite y lo regula”. Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Jordina Freixanet, dijo que a nadie le gusta el burka “por lo que pueda representar” y sostuvo que la solución no pasa por sancionar, sino por “proteger” a las mujeres que lo llevan.
La redacción de la nueva normativa trata de no colisionar con la decisión adoptada por la justicia española en 2013. Entonces, tras una larga batalla judicial emprendida por una asociación islámica, el Tribunal Supremo consideró que la prohibición decidida en Lleida limitaba “la libertad religiosa” y sobrepasaba las competencias locales, por lo que anuló esta medida que habían seguido otros municipios.
A diferencia de otros países de su entorno como Francia o Bélgica, España no ha legislado a nivel nacional sobre esta cuestión, que actualmente se debate en una subcomisión del Congreso pero todavía sin un horizonte legislativo concreto.
