Napoleón Gómez Urrutia y el Sindicato Minero fueron condenados a regresar 54 millones de dólares para reintegrarlo a sus agremiados.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió favorablemente las demandas que presentó un grupo de trabajadores desde 2006, argumentando que el Sindicato no les entregó los recursos que correspondían.
La organización sindical quedó en control del dinero en 2005, y este caso derivó en las acusaciones penales por las que Gómez Urrutia se exilió en Canadá.
