En septiembre del 2021, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), de la que forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se pronunció por la implementación de medidas urgentes de Protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en congruencia con el Artículo 1ro de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y derivado de la preocupación por el contexto de violencia que enfrentan las personas periodistas y comunicadores.
Sin embargo; las agresiones no sólo no han cesado; sino que México terminó el año pasado situado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), junto con la India, como los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Más aún; el inicio del 2022 ha sido uno de los más violentos contra las personas periodistas y comunicadores al registrarse los asesinatos de: Roberto Toledo del Monitor Michoacán, el 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán; de Lourdes Maldonado, de Sintoniza Sin Fronteras y Margarito Martínez el 23 de enero y el 17 de enero respectivamente, ambos en Tijuana, Baja California; así como el de José Luis Gamboa de Inforegio, el 10 de enero en Veracruz.
Estos hechos nuevamente alertan sobre el grave problema que vive México para el desarrollo del ejercicio periodístico; la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE); y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas consideraron crítica la situación del inicio de año y reiteraron su preocupación por que el Estado Mexicano no ha logrado brindar las garantías necesarias para que periodistas y comunicadores hagan su trabajo de forma segura; y, en su caso prevenir agresiones, amenazas, secuestros y asesinatos.
En este contexto, la FMOPDH asumiendo su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las y los periodistas y comunicadores, así como de la sociedad a ser informada, considera indispensable que frente a esta crisis de violencia contra personas periodistas y comunicadores se generen acciones concretas vinculadas a:
· Investigaciones de las agresiones y asesinatos que cumplan con los principios de la debida diligencia, tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión. Agotando las líneas lógicas de investigación relacionadas con su profesión.
· Garantizar el acceso al derecho a la justicia y a la verdad a las víctimas directas y sus familias; a través del esclarecimiento de los hechos a través de un recurso judicial adecuado y efectivo ante autoridades independientes, imparciales y competentes; como una forma de reparación, un instrumento para que las autoridades rindan cuentas y un mecanismo de reconciliación entre las instituciones y la sociedad que impida que la impunidad siga siendo un incentivo en el ambiente de violencia contra las personas periodistas y comunicadores.
· Garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas periodistas a la protección de su honra y dignidad en los términos establecidos por la CoIDH en el caso Digna Ochoa, basado en el Artículo 11 de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos. Es decir; generar un ambiente libre de calificaciones o acciones que estigmatizan y desacreditan la labor de las personas periodistas.
· Impulsar los cambios necesarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; con enfoque de género e interseccionalidad que tome en cuenta las necesidades individuales y colectivas, medidas sociales, desplazamiento forzado; así como planes de retorno.
· Fortalecer la relación y colaboración de las entidades federativas con Mecanismo de Protección de Personas Periodistas y Defensores, dada las diversas formas que se han adecuado para la atención de casos. Es necesario contemplar que en los estados las investigaciones cuenten con los recursos y capacidad de quienes investigan, ello aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, vigente desde octubre de 2018.
· Contemplar en las todas las acciones, tanto a quienes trabajan en medios de información, personal de apoyos como a las y los “periodistas ciudadanos”; y cualesquiera otras personas que empleen los nuevos medios de comunicación como instrumento para hacer llegar información al público (youtubers, blogueros, influencers; etc.), en congruencia con los derechos de toda persona a Libertad de Pensamiento y de Expresión y a no ser molestado a causa de sus opiniones; signados en los Artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, desde la FMOPDH se considera que antes de avanzar a una Ley General en la materia; es necesario abrir canales incluyentes y participativos en que se escuchen las voces de las personas periodistas y comunicadores, así
como a las organizaciones sociales especializadas en la materia; para fijar como una prioridad política del Estado Mexicano el compromiso con la libertad de expresión y el acceso de todas y todos a la información.
