Verónica Camino Farjat denunció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que en Yucatán se pretende aplicar cobros indebidos e inconstitucionales en los recibos de luz, dañando así la economía de los ciudadanos, a quienes se les quiere transferir una obligación que le corresponde al Estado, esto en virtud de que existe un oficio que jurídicamente compromete a la CFE con el Gobierno de Yucatán, para hacer el cobro del Derecho por Infraestructura Tecnológica en materia de Seguridad Pública.
La Senadora Camino Farjat hizo del conocimiento del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la necesidad de exhortar respetuosamente a la titular de la SENER y al titular de la CFE a emitir por escrito la negativa sobre la pretensión del Gobernador del Estado de Yucatán de que sea la CFE quien recaude dicho derecho; así como al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a no cobrarlo por ser una función constitucional propia del estado y por contar con un empréstito vigente del que se han ejecutado 600 millones, quedando 2 mil millones por ejercer.
En el marco de la 1era. Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ante el consenso de la Mesa Directiva de no haber presentación de Puntos de Acuerdo, procedió a señalar ante el Pleno, que dichos resolutivos son necesarios porque muchos percibimos la dificultad de la actual administración estatal de Yucatán, para eficientar el gasto, acorde a estos momentos de transformación y austeridad en el país.
-Me preocupa que el Gobernador Mauricio Vila evada su responsabilidad, al querer cargar el costo político del cobro de este abusivo e inconstitucional derecho a la Federación a través de la CFE y aún más, porque ante esta negativa, buscará que los 106 Ayuntamientos lo puedan cobrar a través de los sistemas municipales de agua potable y la JAPAY, que es el segundo servicio básico posible, como se mencionado en la Ley de Hacienda de Yucatán, expresó.
Ante Senadores y Senadoras, así como Diputadas y Diputados federales, denunció que la ciudadanía de Yucatán está siendo chantajeada, pues “se nos dice que, si no se paga este derecho, perderemos la seguridad de la que tanto gozamos”.
Sin duda, eso solo lo puede decir quien se considera incapaz de mantener la seguridad de Yucatán, concluyó.
