Cuando era niña, Guadalupe del Socorro Marrufo Pool acompañaba a su padre a sus actividades de pesca en San Felipe, puerto del oriente de Yucatán.
Para ella era un juego, desde sumergirse en el mar hasta participar en la captura de peces.
Hoy, cuando tiene ya 53 años de edad, la pesca no es un juego ni un pasatiempo. Es su sustento económico desde hace buen tiempo, sobre todo a raíz de la muerte de su esposo —también pescador— hace seis años.
Y por si fuera poco, el tiempo le alcanzó para incursionar en la política de su municipio. Hoy es regidora, pero ser crítica de las autoridades y vigilante del manejo de los recursos públicos la ha llevado a una persecución que persiste a pesar de que el Tribunal Electoral del Estado ordenó hace un mes que cesaran los actos de violencia a que es sometida en el trienio 2018-2021.
Esta situación ratifica que, no obstante los avances palpables en este rubro, para las mujeres del interior del Estado todavía es muy difícil dedicarse a la política frente a usos y costumbres que las hacen blanco fácil de discriminación y de agresiones por razones de género.
“Me gusta la política porque sirve para ayudar a la gente cuando de verdad se quiere”, afirma la señora Marrufo Pool.
¿Cómo llegó un ama de casa y pescadora al Cabildo de San Felipe?
Durante una entrevista, la regidora explica que nació en un hogar de pescadores. Desde muy pequeña, ella y sus hermanos acompañaban a su padre y a su madre en el trabajo en el mar. Colocar carnada para obtener las presas era un juego divertido que con el tiempo le hizo adquirir habilidad.
Los años pasaron y contrajo nupcias con Juan de Dios Tun Marrufo, también pescador. Lo acompañaba a la captura de pulpo, lo cual se hacía principalmente en las noches.
Juan de Dios falleció hace seis años y doña Guadalupe no se quedó con los brazos cruzados y tomó el mando de la lancha familiar para continuar en la pesca.
En la actualidad son unas diez mujeres que se dedican a esa actividad, agrupadas para una mejor defensa de sus derechos.
Todo iba bien hasta que pasó a formar parte del Cabildo sanfelipense y a enfrentarse, por impedir abusos, a quien identifica como el auténtico mandamás del Ayuntamiento, el síndico Felipe Marrufo López.
Para explicar el contexto del conflicto actual, la concejala recuerda que hasta fines de la década de los 90 el único partido con presencia en San Felipe era el PRI.
La oposición nació bajo el liderazgo de Joaquín Díaz Mena, quien en 2001 contendió por la alcaldía del puerto y ganó, con las siglas del PAN.
“Cuando era solo el PRI, obviamente todos votaban por ese partido”, añade la entrevistada. “Todo cambió cuando Huacho entró al PAN. En mi familia somos panistas a morir… Hasta mi hijo que esta vez (en 2018) votó por primera vez lo hizo por nuestro partido”.
“Siempre me ha gustado la política. Hace unos años, mi hermana Ana María y yo íbamos a la casa de campaña y hasta participábamos en rifas para sacar dinero de los gastos. Nos gustaba hacerlo, aunque mi marido me regañaba”.
Ya involucrada de lleno en actividades políticas, sin descuidar la pesca porque de ésta obtiene el dinero para sostenerse, aceptó formar parte de la planilla panista que contendió en la elección municipal de 2018.
Con el triunfo del PRI, el PAN tuvo derecho a dos de las cinco regidurías, una de las cuales correspondió a Guadalupe Marrufo.
En ese momento comenzó una experiencia de altibajos. Al exigir transparencia y denunciar irregularidades, como la destrucción de los manglares y humedales autorizada por el síndico, comenzaron las represalias. Lo mismo se le relegó en las sesiones edilicias que se le bajó y se le retuvo el sueldo, se le dejó de pagar el aguinaldo y se le restringieron derechos que por ley le corresponden.
En una ocasión, de acuerdo con el relato de la regidora, su lancha amaneció hundida. Le pareció extraño porque las demás que estaban en ese sector continuaban amarradas. El hecho se repitió. No acusa a alguien en particular, pero le llama la atención que solo su embarcación amaneciera así.
En el último hundimiento se averió el motor de la lancha y esto le impidió trabajar en la mayor parte del año pasado. También le afectó que el síndico pidiera a los permisionarios de barcos —con los que tiene lazos— que no le compraran carnada.
Le ayudó económicamente la venta que hacía a pescadores en lo individual. Las cooperativas no compran carnada.
La situación de violencia política llegó a tal grado que la funcionaria interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
El órgano resolvió a su favor en sesión del 15 de julio pasado, como informamos, y fijó a los acusados —la alcaldesa, el síndico y el tesorero— un plazo de 48 horas para atender las demandas e informar al Tribunal. No se cumplió ni lo uno ni lo otro.
“Ni siquiera me han hablado”, señala la informante. “El que manda es el síndico. Si le digo a la alcaldesa (Juana Baltazar Santos), me responde que lo va a hablar con él, que lo va a platicar. No me dice que sí, tampoco que no”.
Entre otras irregularidades, explica que a ella y al otro regidor del PAN les rebajaron el sueldo a la mitad. Ahora les pagan $2,500 quincenales, mucho menos que lo que devengan funcionarios municipales allegados al síndico y la alcaldesa.
Añade que un yerno del síndico gana $14,000 mensuales por atender “los asuntos de salud”. Su sobrino Rígel Gutiérrez Marrufo aparece como el segundo de a bordo en Obras Públicas y devenga 12,000 al mes. La esposa de Rígel trabaja en Cultura con un salario de $10,000.
El “encargado” de Pesca recibe $12,000 mensuales; los de Seguridad y de Agricultura, $16,000.
Hay un “supervisor” de las obras del municipio que cobra $10,000 al mes en el Ayuntamiento. Se llama Délmer Maldonado, es albañil y se supone que vigila que las obras se apeguen a los lineamientos, pero también le otorgan trabajos del municipio.
“Muchos nos vienen a preguntar por qué a las barrenderas les quitan 50, 100 ó 200 pesos cada quincena y no saben para qué sirve ese dinero”, prosigue.
La situación no termina allí. De acuerdo con la concejala, hay también un manejo irregular en el reparto de los apoyos que envía el gobierno del Estado, pues las autoridades locales los distribuyen con criterios partidistas, solo a la gente que se identifica con ellas.
“Como el síndico me tiene filo, no entrega nada a nosotros ni a nuestra gente”, abunda. “Nunca nos han dado algo… Las láminas están allá, las entregan a gente que tiene ranchos…”
“Después del paso de la tormenta ‘Cristóbal’ el presidente del comité (de Acción Nacional) y yo juntamos un dinerito y salimos a repartir unas despensas”.
Son tan frecuentes sus enfrentamientos con Marrufo López que ya no ve raras las discusiones ante cualquier pretexto del síndico, a quien se conoce como “Catarino”.
“Yo le digo: ‘Podrás amenazarme, pero no tengo miedo. Aquí nos pusieron para defender a la gente del puerto’. Él se enoja… Una vez nos agarramos feo”, enfatiza. “Están acostumbrados a que se haga lo que dicen y no es así, no lo vamos a permitir”.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Represalias Detalles
Guadalupe Marrufo Pool se enfrenta a violencia política de autoridades de San Felipe.
¿Y el Cabildo?
Según explica, desde marzo pasado no la invitan a sesiones de Cabildo y no le permiten el acceso a la cuenta pública. Ni siquiera sabe si realmente está sesionando el cuerpo edilicio.
Desacato municipal
La alcaldesa, el síndico y el tesorero han caído en desacato a una resolución del Tribunal Electoral a favor de la regidora.
